Asimismo, al cumplirse en esta fecha, el cuarto año de gobierno del presidente García, manifestar nuestra preocupación por los problemas que aquejan a los trabajadores y al pueblo y demandar atención de los mismos.
LOS TRABAJADORES EXIGIMOS EQUIDAD Y JUSTICIA
Si bien las cifras macro económicas indican que en estos cuatro años de gobierno la economía ha crecido, con excepción del 2009, dicho crecimiento no beneficia a la inmensa mayoría de peruanos. La política económica y el impacto de la crisis mundial agravaron nuestra situación. El empleo y las remuneraciones, así como los derechos laborales han sido perjudicados.
El Perú tiene el segundo salario mínimo más bajo de América Latina después de Bolivia. En cambio, tiene la jornada de trabajo más extensa, los más altos índices de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales además de las tasas de rotación laboral más altas del continente. Lo que ha crecido en el Perú es el trabajo precario y sin derechos, los abusos y el atropello. Lo ocurrido en RIPLEY, la agroindustria y el sector textil son una clara muestra de ello.
Mientras los países de la región incrementaron el Salario Mínimo para estimular el consumo interno y amenguar los efectos de la crisis mundial, el gobierno Aprista desechó el pequeño aumento que se había consensuado en el Consejo Nacional del Trabajo e incumple el pago de la homologación de los docentes universitarios, en clara muestra de su desprecio por la demanda de los trabajadores.
DEMANDAMOS CAMBIOS EN LA POLITICA SOCIAL
La inversión social en el Perú es significativamente menor que el promedio regional de América Latina, medido en términos del gasto social por habitante (170 dólares frente a 610 dólares, según la UNICEF). En cambio el pago de la deuda pública es el doble de lo que se gasta en salud y el doble de lo que se dedica a los programas de alivio a la pobreza. Por ello, si bien se ha reducido la pobreza en algunos puntos, ésta sigue afectando a 4 de cada 10 peruanos y el gobierno no ha sido capaz de articular una política social coherente ni un Plan Integral de lucha contra la pobreza.
Más allá de las campañas publicitarias, la realidad da cuenta de las precarias condiciones en los que trabajan los médicos en los hospitales y centros de salud pública. Los publicitados planes de aseguramiento en salud son un fracaso, porque no van acompañados de la respectiva asignación de recursos. De otro lado en vez de reorganizar y ampliar el Seguro Social pagándole la deuda que le tiene el Estado, se han creado demagógicamente programas de aseguramiento con fines clientelistas.
Las abismales diferencias entre la educación privada y la pública se han acentuado. Los viejos y graves problemas estructurales relacionados con la desnutrición, la deserción escolar, el desaliento de los maestros, el mantenimiento de un programa curricular obsoleto y el estado ruinoso de la mayoría de locales escolares (salvo la mejora de algunos) no han sido enfrentados.
El caso de la educación superior es patético. Se ha acentuado superlativamente la mercantilización de la educación y se han multiplicado, en estos años, irresponsablemente, la creación de universidades privadas de pésima calidad. A esto se suma la observación a la ley que establecía la elección directa de las autoridades universitarias.
Se han continuado los programas de vivienda que vienen del anterior gobierno y se puso en marcha el programa “agua para todos”, lo que nos parece bien, sin embargo, son repudiables los hechos de corrupción que ocurren en SEDAPAL y en COFOPRI.
GAS PARA LOS PERUANOS, SOBERANÍA ENERGETICA Y PORTUARIA
Mientras la mayoría de países adoptan políticas para afirmar su soberanía energética y garantizar el suministro de energía barata, limpia y accesible, el gobierno Aprista acentúo la inseguridad y vulnerabilidad energética de la nación permitiendo la más salvaje destrucción del medio ambiente.
El 28 de julio del 2009, en su Mensaje Presidencial, el presidente García señaló que se había cometido delito al usarse normas de menor jerarquía que la ley para facilitar la exportación del gas de Camisea sin que se cubra el mercado interno y advirtió que denunciaría penalmente a los responsables. ¿Qué ha hecho que cambie esa posición y avale ese ilegal contrato exportador rechazado por la mayoría de peruanos?
La decisión de exportar el 47% de nuestras reservas probadas en el lapso de 18 años a un precio irrisorio, provocando que el Estado pierda entre 14 y 21 mil millones de dólares por concepto de impuestos y regalías, constituyen un verdadero acto de traición a la patria de este gobierno. El gobierno ha reemplazado el plan energético de la nación por las estrategias de negocios de las grandes transnacionales, que dejan tras de sí corruptelas y negociados, que escandalizan al país.
A esta política anti-nacional, se suma la abdicación en la defensa de la soberanía marítima y portuaria de la nación e impulsar la privatización monopólica de los puertos públicos pretendiendo liquidar la empresa nacional de puertos. Todo ello, está dirigido a dejar al país sin garantía de soberanía en el principal megapuerto peruano en el Pacífico Sur y entregar ese dominio estratégico a la empresa chilena TRAMARSA.
A esto habría que agregar la política comercial y suscripción de más de 25 Tratados de Libre Comercio que viene afectando a los productores nacionales, en particular el TLC con los Estados Unidos que en 17 meses de aplicación arroja un balance negativo para la economía nacional.
DEMANDAMOS EL CESE DE LA CORRUPCION, LA IMPUNIDAD Y LA REPRESION
El incremento de la corrupción durante el actual régimen compromete a dirigentes del partido de gobierno y altos funcionarios, además de evidenciar el pacto de impunidad que propicia la alianza del APRA, el fujimorismo y la derecha para librar a los corruptos y a los violadores de los derechos humanos.
La persecución a los opositores y la represión a las protestas sociales explican el creciente descontento popular y los conflictos sociales, que no son obras de los “agitadores” sino de miles de peruanas y peruanos que demandamos con justicia que cambie esta situación.
Por todo ello, demandamos que en lo que queda de este gobierno, se rectifique la política económica y recupere el sentido de equidad, soberanía y honestidad.
Exigimos que se respeten los derechos humanos, cese el asesinato de dirigentes políticos (como los ocurridos recientemente en Chimbote y Cajamarca), la persecución religiosos, dirigentes sindicales, periodistas de oposición, dirigentes populares, así como la campaña infame, que al mismo estilo la candidatura fujimorismo, se despliega con dineros del Estado para desacreditar las luchas populares equiparándolas con el terrorismo, con el que nada tenemos en común.
Finalmente, exigimos del gobierno imparcialidad en el proceso electoral y que no se siga utilizando el poder para promover la candidatura del fujimorismo y la derecha tratando de impedir, con malas artes, el triunfo de las fuerzas del cambio.
Lima, Julio del 2010
Consejo Directivo Nacional de la CGTP
